Una posible propuesta de acuerdo para la educación madrileña

. miércoles, 21 de septiembre de 2011
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Existe un conflicto en la educación madrileña que es un conflicto por un servicio público esencial: la educación. El gobierno Aguirre pretende presentarlo como la lucha de un grupo de privilegiados por no trabajar dos horas más. Sin embargo, nosotros creemos que es una lucha por los derechos democráticos. Por ello, exponemos lo siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO EN LA EDUCACIÓN MADRILEÑA

Resulta evidente que existe una crisis económica y que esto conlleva disponer de menos recursos. A su vez, resulta evidente que los servicios públicos de calidad, como la educación, son irrenunciables por tratarse no solo de prestar un servicio sino también de garantizar los derechos democráticos. Así, se produce una aparente contradicción: si hay menos recursos parece imposible no solo mantener sino aún mejorar la educación pública. Precisamente esta propuesta lo que pretende es superar esa contradicción aparente proponiendo una serie de medidas.

1. Los profesores estamos dispuestos a aumentar nuestra jornada lectiva -que nunca se debe confundir con la laboral- tal y como han marcado las nuevas Instrucciones para el curso 2011-2012 y cumplir 20 horas lectivas como medida excepcional para este curso 2011-2012. Consideramos que es un esfuerzo ante la excepcional y peligrosa situación en que nos encontramos debido a la crisis.
2. Pero dicho esfuerzo lo realizamos para que repercuta directamente en la educación pública -y entendemos por ella exclusivamente la de titularidad pública y no la concertada-. Por ello, y como condición necesaria del anterior punto, exigimos lo siguiente:
2.1. El ahorro logrado con la medida anteriormente citada, que la propia Comunidad de Madrid ha cifrado en torno a los 80 millones, debe reinvertirse exclusiva e íntegramente en educación pública aumentando los refuerzos, desdobles, atención compensatoria, alumnos con necesidades educativas especiales y todas aquellas medidas necesarias para mantener la calidad del servicio, proponiendo como meta mínima el nivel que dichas medidas tenían en el curso 2008-2009. De esta forma, la reinversión del ahorro debe destinarse a la contratación del personal necesario para lograr unos mínimos niveles de calidad. Sin los recursos humanos pertinentes será imposible ofrecer un servicio público absolutamente necesario en tiempos de crisis, como estos, en los que la educación pública debe configurarse como la principal respuesta al incierto futuro de nuestros niños y jóvenes. El profesorado es uno de los pilares de la educación y por ello el ahorro previsto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en ningún caso debe suponer una pérdida en el número de profesores necesarios porque las consecuencias serían funestas.
2.2. La hora lectiva de tutoría en la ESO, si se quiere mantener un servicio de calidad, es irrenunciable debiendo reincorporarse al horario lectivo de profesores y alumnos.
2.3. Debe cumplirse de forma estricta la ratio profesor/alumno en el aula, tanto en la ESO como en el Bachillerato, no pudiendo excederse en ningún caso salvo decisión a favor del claustro de profesores del centro.
2.4. La contratación de profesores no debe suponer una privatización del servicio.
3. Resulta de todo punto ilógico que en época de crisis, y cuando la educación pública y el derecho por ella garantizado se ve amenazada, se destinen
90 millones de euros para financiar a los padres que deciden escolarizar a sus hijos en la escuela privada, lo cual no es una necesidad al existir una red pública. Exigimos, por tanto, que dicho dinero pase a invertirse en la educación pública para lograr las medidas anteriormente citadas.

Consideramos, efectivamente, que los profesores debemos hacer otro esfuerzo, pues ya hicimos uno salarial, en esta época de crisis. Pero a su vez defendemos que dicho esfuerzo debe ser para garantizar una educación pública de calidad. Por ello, proponemos las medidas anteriormente citadas cuya finalidad es la prestación de un servicio público de calidad y garantizar así los derechos democráticos de los ciudadanos. Porque consideramos que la lucha por la educación pública no es una lucha de la defensa del profesorado, sino por la defensa del alumno.

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